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Investigación por desvío de alimentos

8 de agosto de 2008

Proyecto de Leche en polvo
La diputada nacional por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, solicitó al gobierno de CFK que informe sobre la venta en Paraguay de cajas de leche en polvo donadas por el Gobierno bonaerense a escuelas e instituciones educativas provinciales con exclusivos fines benéficos, y cuya comercialización está expresamente prohibida.

Coalición Cívica - Bloque de Diputados Nacionales
En diálogo con El Enfiteuta, Bullrich explicó que el pedido de informes surgió luego de una denuncia pública del diario paraguayo ABC Color respecto de que cajas de leche en polvo, que fueron distribuidas por el Gobierno bonaerense para "paliar la situación social grave", se estaban comercializando en Paraguay.

Según consta en los fundamentos del proyecto, el diario paraguayo denunció que "sin ningún tipo de pudor se puede comprar leche entera de la marca Granja Blanca de 800 gramos ofrecida a 16 mil guaraníes [equivalentes a 9,60 pesos], aunque en la parte superior de la caja se encuentre inscripta la leyenda Prohibida su venta".

La diputada intenta establecer la responsabilidad de las autoridades nacionales en este supuesto hecho de comercio ilegal. "La venta de este producto demuestra claramente que hubo un caso de contrabando que involucra al Gobierno nacional, tanto por desconocimiento del caso como por eventual complicidad", destacó Bullrich.

En el caso de que las autoridades aduaneras, continúo la legisladora, desconozcan dicha situación queda reflejado el "alto grado de debilidad" de las medidas de control implementadas "toda vez que permiten la salida del país de productos cuyos envases están impreso con el logo del Gobierno bonaerense".

La iniciativa de Bullrich solicita, entre otras cosas, que se informe sobre si el Gobierno nacional ha tenido noticias de la salida del país de productos alimenticios donados por la gobernación de Daniel Scioli; qué medidas implementa la Aduana argentina para evitar posibles hechos de contrabando; qué denuncias de este tipo ha recibido el organismo en el último semestre y qué acciones impulsó al respecto; y si existe algún acuerdo binacional por el cual se envían productos alimenticios desde Argentina al país hermano.

El pedido tiene por objetivo, además, "despejar cualquier tipo de responsabilidad del Gobierno argentino en este caso de contrabando a fin de poder establecer si estamos frente a una acción deliberada de particulares que aprovechando la falla en los controles aduaneros realizan su negocio".

Ante la pregunta de El Enfiteuta sobre quiénes podrían estar implicados en estos hechos, Bullrich señaló al "Ministerio de Desarrollo Social bonaerense; personal de Aduanas; y beneficiarios directos del Plan de Ayuda Social" y agregó que el rol del Estado nacional para prevenir y controlar el contrabando es "poco eficiente y eventualmente cómplice".

"Todos los días entran y salen del país productos en forma ilegal, por lo que este no sería el único caso de contrabando denunciado", disparó la legisladora de la Coalición Cívica cuando se le preguntó sobre la frecuencia de este tipo de ilícitos.

La iniciativa de Bullrich está en sintonía con un pedido de informes que ya en abril último había presentado el diputado bonaerense por del ARI Sebastián Cinquerrui a raíz de que algunas investigaciones "permitieron determinar" que miles de kilos de leche en polvo del Plan Más Vida (programa asistencial destinado a niños con bajo peso), cuya distribución estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, estaban siendo comercializados en el gran conurbano provincial.

Por este hecho, Cinquerrui también presentó una denuncia judicial por "presunta comisión del delito de defraudación contra la administración pública bonaerense" en sede del poder Judicial provincial.

Cinquerrui había explicado en diálogo con El Enfiteuta que "las empresas productoras –La Serenísima y SanCor- envían la leche en polvo a un depósito radicado en La Plata y desde allí se distribuye a los comedores infantiles, en cada una de estas instancias quienes reciben la mercadería deben firmar un acuse de recibo por lo que en condiciones normales debería ser muy fácil establecer dónde se produjo el desvío hacia el circuito ilegal de comercialización".