Financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner
La Coalición Cívica presentó denuncia sobre el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner. El 34% de los aportes proviene del sector de laboratorios y de la salud
El diputado Nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y el legislador provincial y Presidente de la Mesa Nacional sobre Drogas de esa fuerza política, Sebastián Cinquerrui presentaron este mediodía una denuncia para que la Justicia investigue el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner y en especial el rol que tuvo el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación. Héctor Capaccioli. La presentación recayó en el Juzgado Federal Número 4 a cargo de Ariel Lijo.
En el texto de la denuncia que escribieron Sánchez y Cinquerrui dice: "Como representantes del pueblo, es nuestra obligación alertar a la Justicia que, de confirmarse las deducciones realizadas por nosotros y diferentes informaciones publicadas en importantes medios de comunicación que dan cuenta de la vinculación que tendría el brutalmente asesinado Sebastián Forza con personas y asociaciones ilegales dedicadas a la producción y al trafíco ilegal de estupefacientes, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional profunda: una empresa con posibles negocios con el narcotráfico aporta dinero a una candidata Presidencial".
"Es posible que estemos ante la punta del iceberg de una metodología de financiamiento por parte del kirchnerismo", sostuvo Cinquerrui en declaraciones echas en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, mientras que Sánchez afirmó que "el que sentó a todos estos empresarios a la mesa de Cristina Kirchner fue Capaccioli que era el funcionario que con su firma puede habilitarlos o a inhabilitarlos para hacer negocios con el Estado nacional".
"Sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas con servicios de salud/medicina. Los aportes de estas compañías representan el 35,4% del total de los ingresos para la campaña recibidos por aportantes privados, con un monto de $ 4.512.000. Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial se destacan las prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Héctor Capaccioli –tesorero del Partido Justicialista distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Alianza Frente para la Victoria-, y las empresas comercializadoras de precursores químicos, que conforman el Registro Nacional de Precursores Químicos, dependientes de la SEDRONAR", sostuvieron Sánchez y Cinquerrui en la denuncia.
Para ellos, "Reviste particular relevancia el hecho constituido por el triple homicidio cometido a empresarios del sector. La empresa Seacamp S.A., cuyo titular Sebastián Forza, una de las víctimas, había sido aportante de $ 200.000, para la campaña del Gobierno y con múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra. Uno de los casos más relevante de participación de esta droguería en contrataciones públicas, fue como proveedora de medicamentos oncológicos del Hospital Francés durante su intervención, en el período abril 2006 julio de 2007", sostuvieron los dirigentes opositores en referencia al período en que estuvo a cargo de la intervención la actual ministra de Salud, Graciela Ocaña.
En el texto de la denuncia que escribieron Sánchez y Cinquerrui dice: "Como representantes del pueblo, es nuestra obligación alertar a la Justicia que, de confirmarse las deducciones realizadas por nosotros y diferentes informaciones publicadas en importantes medios de comunicación que dan cuenta de la vinculación que tendría el brutalmente asesinado Sebastián Forza con personas y asociaciones ilegales dedicadas a la producción y al trafíco ilegal de estupefacientes, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional profunda: una empresa con posibles negocios con el narcotráfico aporta dinero a una candidata Presidencial".
"Es posible que estemos ante la punta del iceberg de una metodología de financiamiento por parte del kirchnerismo", sostuvo Cinquerrui en declaraciones echas en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, mientras que Sánchez afirmó que "el que sentó a todos estos empresarios a la mesa de Cristina Kirchner fue Capaccioli que era el funcionario que con su firma puede habilitarlos o a inhabilitarlos para hacer negocios con el Estado nacional".
"Sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas con servicios de salud/medicina. Los aportes de estas compañías representan el 35,4% del total de los ingresos para la campaña recibidos por aportantes privados, con un monto de $ 4.512.000. Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial se destacan las prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Héctor Capaccioli –tesorero del Partido Justicialista distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Alianza Frente para la Victoria-, y las empresas comercializadoras de precursores químicos, que conforman el Registro Nacional de Precursores Químicos, dependientes de la SEDRONAR", sostuvieron Sánchez y Cinquerrui en la denuncia.
Para ellos, "Reviste particular relevancia el hecho constituido por el triple homicidio cometido a empresarios del sector. La empresa Seacamp S.A., cuyo titular Sebastián Forza, una de las víctimas, había sido aportante de $ 200.000, para la campaña del Gobierno y con múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra. Uno de los casos más relevante de participación de esta droguería en contrataciones públicas, fue como proveedora de medicamentos oncológicos del Hospital Francés durante su intervención, en el período abril 2006 julio de 2007", sostuvieron los dirigentes opositores en referencia al período en que estuvo a cargo de la intervención la actual ministra de Salud, Graciela Ocaña.
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