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Políticas territoriales y ambientales

29 de agosto de 2007

Principales medidas y propuestas en materia ambiental

La Coalición Cívica concibe las políticas territoriales y ambientales como instrumento estratégico de una política de estado dirigida a crear una sociedad justa, equitativa y con igualdad de oportunidades. Las bases fundamentales sobre las que se asentará nuestra política en esta materia son los siguientes:


• Implementación efectiva del art. 41 y 124 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente.
• Reorganización de forma eficiente de la estructura nacional que ejecuta la política ambiental.
• Asunción, como principio para la acción de gobierno, de que todo proceso de contaminación o deterioro ambiental sensible implica una injusticia, a través de la cual se le impone un costo indebido a la sociedad.
• Impulso de la legislación ambiental requerida por la Constitución Nacional y adecuación de las normas vigentes a las necesidades del desarrollo sostenible.
• Implementación del análisis del impacto ambiental de todos los proyectos, públicos y privados que, en razón de su naturaleza, puedan tener efectos sobre el ambiente y los recursos naturales.
• Prevención de los efectos nocivos sobre el ambiente y mitigación de los mismos cuando se hayan presentado por causas naturales o como consecuencia de la actividad humana.
• Incorporación de la gestión ambiental y de la producción limpia en la estructura productiva.
• Establecimiento de una articulación federal del territorio alcanzando un equilibrio integrador entre las políticas del Estado Nacional y las provinciales.

• Determinación de un modelo de utilización racional de los recursos naturales mediante un desarrollo sustentable que promueva el bienestar de la sociedad en su conjunto, apuntale la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico con distribución de la riqueza y preserve el patrimonio natural y la biodiversidad para las generaciones futuras.
• Construcción de políticas activas en relación a la protección de la diversidad biológica, la lucha contra la desertificación, el proceso de cambio climático y la gestión de las cuencas continentales.
• Atención de las situaciones ambientales críticas existentes y de las emergencias ambientales que se susciten, con el objeto de proteger prioritariamente la salud humana.
• Protección de las especies y sus variedades, conservación de los suelos, preservación de los recursos hídricos y la calidad del aire, restauración de los hábitats degradados.
• Protección de áreas de interés ecológico, preservación de los ecosistemas y conservación de los recursos fito y zoogenéticos, tanto marinos como terrestres.
• Compromiso con el acceso de la población a la información y a la formación de conciencia ambiental promoviendo su participación efectiva a través de la creación de los órganos adecuados.
• Conservación y respeto de los valores y prácticas que identifican a las comunidades y pueblos. Revalorización del conocimiento y de las técnicas tradicionales.
• Promoción de la educación ambiental en todos los niveles, con especial énfasis en el análisis de los derechos y deberes relacionados con los contenidos y las prácticas ambientales sustentables.
• Establecimiento de un marco institucional y legal que permita desarrollar ciudades y protegerlas al mismo tiempo.
• Regulación de las concentraciones de edificios, viviendas y habitantes que generan procesos especulativos mediante planes urbanos participativos.
• Concreción de un equilibrio integrador entre las políticas ambientales del Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias respetando el federalismo de concertación.
• Fortalecimiento de la capacidad científica relacionada a los problemas ambientales.

Sobre las bases precedentes la Coalición Cívica propone las siguientes medidas:

1.Crear las normas y órganos procesales, administrativos y judiciales necesarios para efectivizar la aplicación de la normativa de protección ambiental como fiscalías ambientales con facultades instructorias y cuerpo de peritos especializados en la problemática ambiental.

2.Reglamentar las actuales Leyes Nacionales de Presupuestos Mínimos para lograr su efectivo cumplimiento.

3.Elaborar un digesto normativo ambiental, e impulsar en el Congreso de la Nación de la sanción prioritaria de las siguientes leyes:

a.Ley de Ordenamiento Territorial.

b.Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de la calidad del aire.

c.Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de la calidad de los suelos.

d.Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de la vida silvestre.

e.Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de los bosques nativos.

f.Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

g.Ley de delitos ambientales (Capítulo del Código Penal)

h.Ley de Biotecnología.

4.Generar dentro de la estructura administrativa ambiental espacios de diálogo y alianzas con la sociedad civil, universidades, institutos, organizaciones sociales y no gubernamentales y grupos interesados.
5.Revalorizar el rol del CO.FE.M.A. en el proceso de concertación con los Estados provinciales sobre las políticas ambientales nacionales y problemáticas interjurisdiccionales.

6.Concretar acuerdos bilaterales y multilaterales sobre Evaluación de Impacto Ambiental acumulativa y estratégica con las naciones limítrofes.

7.Impulsar la incorporación efectiva de la educación ambiental a la currícula escolar, desarrollando en los niveles primario y secundario los extremos fundamentales de la problemática y la protección ambiental.

8.Realizar un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que establezca y delimite el estado y ubicación de los recursos naturales actuales y de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades e identifique los actores involucrados para definir cursos de acción en cumplimientos de los objetivos estratégicos propuestos. Dicho plan contendrá el “Sistema Nacional de Planeamiento Territorial y Ambiental” que promoverá la coordinación normativa y la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Territorial.

9.Regular racionalmente los índices de ocupación urbana evitando el hacinamiento generador de patologías sociales y sanitarias e inseguridad.

10.Ejercer control sobre los factores que configuran el uso de los espacios urbanos, teniendo en cuenta la íntima conexión entre la planificación urbana y la conciencia social.

11.Ordenar el territorio mediante politicas que promuevan la descentralización de población. A tal efecto, desarrollar e impulsar la promoción de las áreas rurales y urbanas con baja densidad de población, implementando una política de inversión pública en materia del desarrollo de infraestructura de comunicación, transporte, salud y educación.

12.Articular y desarrollar una profunda auditoria de la actual Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de las ejecuciones presupuestarias de los últimos 5 años y evaluar los resultados de los actuales programas ambientales, con la consecuente supresión o reorganización de aquellos que han demostrado ser ineficaces.

13.Desarrollar e instrumentar un sistema obligatorio de concursos públicos para el nombramiento de los titulares de todas las Direcciones Nacionales dentro de la órbita del órgano ambiental.

14.Realizar un mapa hidrogeológico actualizado de todo el territorio nacional, y las investigaciones epidemiológicas y toxicológicas necesarias sobre los efectos de los contaminantes en la salud de la población más vulnerable para poder articular con los organismos competentes en salud pública las medidas de prevención, corrección y tratamiento adecuadas.

15.Favorecer mediante incentivos fiscales y/o crediticios la desconcentración industrial de las zonas críticas y la reconversión industrial orientada a la sustentabilidad industrial productiva.

16.Impulsar y ejecutar un Plan Nacional de Saneamiento de las Aguas de Superficie, que consista prioritariamente en la limpieza y oxigenación de los cuerpos y cursos de agua más afectados como los de la cuenca del Río Reconquista, la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del Salí-Dulce y el lago San Roque.

17.Implementar un seguro obligatorio de cobertura de daños ambientales.

18.Desarrollar y articular un Plan Nacional de Usos Sostenibles de los Recursos de la Tierra promoviendo, entre otras cosas:

a.Un programa de capacitación e información sobre las prácticas de conservación de suelos para reducir al mínimo las cantidades de sedimentos y pesticidas en las aguas superficiales y subterráneas.

b.El control integrado de plagas y de malezas y la sustitución progresiva de los agroquímicos más contaminantes.

c.Un programa de monitoreo del avance de la frontera agrícola, previniendo la utilización de tierras no aptas y la explotación destructiva de las zonas boscosas.

d.Impulsar la transformación tecnológica en los procesos agrícolas.

e.Impulsar la rotación complementaria de los cultivos, por sobre el monocultivo de soja.

19.Desarrollar e impulsar un plan de lucha contra la erosión hídrica mediante el fomento del aumento de cobertura orgánica de los suelos a través de la forestación/reforestación, reinserción de pastizales, etc., y del manejo de las escorrentías mediante el impulso de obras de recolección y conducción.

20.Desarrollar y ejecutar programas que desalienten las prácticas de aprovechamiento agrícola inadecuadas y contaminantes y promuevan la utilización sostenible de los recursos de la tierra.

21.Articular e impulsar un Plan Nacional de Protección Forestal que implique necesariamente:

o Frenar inmediatamente el desmonte de los bosques autóctonos.

o Mejorar progresivamente la superficie boscosa nativa degradada mediante el enriquecimiento bajo cubierta.

o Establecer, en cuanto a las plantaciones, qué área habría que reemplazar y cuáles dejar en reserva, conforme a la calidad de los rodales en cuanto a su estado de integración productiva, las condiciones de regeneración y la calidad del suelo.

o Diversificación (alternancia de cuadros) de las plantaciones.

o Desarrollo de un programa intensivo de forestación/reforestación prioritaria de las zonas estratégicas para el control de la erosión.

22. Establecer áreas protegidas en zonas donde existan recursos estratégicos, a través de restricciones al dominio en función de un interés público.

23. Compatibilizar los usos y actividades humanas con la conservación de las áreas naturales protegidas a través de "planes de manejo".

24. Impulsar la creación progresiva de áreas protegidas comenzando por aquellas que, conforme las evaluaciones científicas promovidas, resulten prioritarias.

25. Impulsar la modificación del Código de Minería con el objeto de incorporarle expresamente los principios ambientales Preventivos y Precautorios.

26. Concertar con las provincias la revisión de las concesiones de explotación minera, promoviendo la revocación de aquellas que hayan incumplido con la normativa de protección ambiental previa reparación de los daños causados. Intervención de la autoridad nacional en casos de emprendimientos mineros que tengan efectos ambientales interjurisdiccionales o desarrollados conjuntamente con otros países.