Boleta Única por la Transparencia Electoral

Iniciativas para transparentar el proceso electoral en la Argentina

El Foro para la Reforma Política presentó proyecto
de boleta única elaborado por los partidos de la oposición

Coalición Cívia - 06/02/2009.

El Foro para la Reforma Política presentó hoy en la sede del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica un proyecto de ley consensuado por diferentes partidos de la oposición para implementar el método de votación de boleta única, entre otras medidas tendientes a transparentar el sistema electoral argentino. La iniciativa, producto de un trabajo conjunto iniciado en abril del año pasado, cuenta con el aval de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, PRO, MIJD, Partido Nuevo de Córdoba y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) e incluye medidas para otorgar el control del escrutinio provisorio a la Justicia Electoral y profesionalizar el servicio de autoridades de mesa.

El dirigente de la CC , Gerardo Conte Grand, coordinador del Foro, explicó que el proyecto “se propone transparentar procesos electorales y evitar fraude en las elecciones, a través de un sistema que suprime la multiplicidad de boletas y ahorra costos en la impresión de las papeletas electorales”. En cuanto a los otros puntos del proyecto, Conte Grand señaló: “Proponemos la designación de docentes para que sean capacitados para ser autoridad de mesa a fin de transparentar el recuento y planteamos la transferencia del escrutinio del Ministerio del Interior a la Cámara Nacional Electoral porque hoy el Ministerio del Interior es juez y parte y debe ser reemplazado.”

El jefe del bloque de diputados nacionales de la CC , Adrián Pérez, se refirió a las críticas al proyecto realizadas por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández: “Rechaza la propuesta sin estudiarla; esto nos genera sospechas de que detrás de la negativa de plano se esconda la intención del Gobierno de pergeñar un nuevo fraude, como el que organizaron en octubre del año pasado”.

En tanto, su colega de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, dijo: “Este es un sistema que ya funciona en la mayoría de los países del mundo y que ya se aprobó en nuestra provincia de Córdoba”. “Además de transparentar la elección viene a terminar con el clientelismo político”, planteó.

Por el PRO, el jefe de la bancada en diputados, Federico Pinedo destacó que el proyecto ”tiene un altísimo grado de consenso en todas las fuerzas políticas. Pero para oponerse Aníbal Fernández dice que la boleta va a ser del tamaño de una bandera de ceremonias”, y señalando un modelo del tamaño de una hoja oficio disparó: “Se nota que la bandera del ministro es muy chiquita, como pueden ver, en el caso de este ejemplo, que fue confeccionado según la última votación en la provincia de Buenos Aires, la que más cargos elige”.

El proyecto de ley crea la Boleta Única de Sufragio, en la que los partidos políticos deberán registrar sus candidatos a cargos electivos, la que estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contendrán:

· El nombre del partido, alianza o confederación política;

· La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;

· Fotografía color del candidato a Presidente, cuando se elija dicho cargo;

· El nombre y apellido completos de los primeros tres (3) candidatos titulares a legislador nacional. En todos los casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en un afiche de exhibición obligatoria en el cuarto oscuro.

· Un casillero en blanco, en el margen superior derecho del espacio, franja o columna de cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia por lista completa de candidatos.

Para evitar problemas a la hora de la apertura de las mesas, el proyecto de ley establece que la Junta Electoral hará, con antelación no menor a treinta días de la fecha de cada elección, los nombramientos de presidente y suplente para cada mesa, que designará entre quienes se desempeñen como docentes en instituciones educativas habilitadas y empleados y funcionarios del Poder Judicial, en ambos casos de nivel nacional, provincial o municipal.

A fin de transparentar el proceso de conteo de votos, el proyecto de ley establece que la Cámara Nacional Electoral tendrá a su exclusivo cargo el escrutinio provisorio de todo proceso electoral nacional.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa dirigentes del MST y el líder del Movimiento de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells.

Red de prostíbulos

Diputados denuncian red de prostíbulos

en los alrededores del Departamento de la Policía Federal

Coalición Cívica - Buenos Aires, 4 de agosto de 2008

Diputados de la Coalición Cívica y otras fuerzas políticas presentarán mañana ante la Cámara Criminal y Correccional Federal una denuncia sobre la existencia de una vasta red de locales donde se ejerce la prostitución y se lleva adelante impunemente el tráfico ilícito de estupefacientes que opera en la zona comprendida entre la Avda. De Mayo, la calle Salta, Santiago del Estero y Avda. Belgrano (con mayor concentración alrededor del Departamento Central de Policía).

Firman la denuncia los diputados nacionales de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano, Adrián Pérez, Fernanda Reyes, el diputado nacional de la UCR, Rubén Lanceta y la diputada nacional del PRO, Cynthia Hotton, y los legisladores por la ciudad de Buenos Aires de la Coalición Cívica Diana Mafia, Facundo Di Filippo y el legislador socialista Julián Dangelo.

La denuncia también solicita se determine la eventual responsabilidad del Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Jorge Valleca, en su calidad de responsable máximo de la fuerza de seguridad, debido al funcionamiento público y notorio de esta red y su ubicación en las cercanías del Departamento Central de Policía.

“Todo llevaría a pensar que existe complicidad entre las mafias que manejan los prostíbulos y las instituciones del Estado como la Policía Federal. Al jefe de la policía no pudo haberle pasado desapercibido el irregular funcionamiento de varios locales donde se comenten entre otros delitos la trata de personas y el tráfico de drogas”, dijo la diputada Fernanda Gil Lozano.

“La denuncia que presentaremos detalla nombres y direcciones de los locales, horario de funcionamiento y números de las placas de los vehículos que los visitan regularmente”, explicó Gil Lozano.

La denuncia señala que los dueños y encargados de los prostíbulos no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas tanto mayores como menores al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su prostitución, sino que además habrían promovido su permanencia ilegal mediante su ocultación en sus establecimientos sobornando a las autoridades policiales.

“Queremos determinar si existe la connivencia activa o pasiva de la Policía que tolera y ampara estas actividades y hace caso omiso de las denuncias que presentaron numerosos vecinos de la zona”, dijo la diputada Gil Lozano, y agregó: “también es objeto de esta denuncia la petición de medidas concretas de protección y asistencia social de las víctimas de estos delitos, las que creemos podrían estar siendo privadas del lugar en que viven”.

Símbolo de la corrupción kirchnerista

Graves denuncias contra el tren bala: "Este proyecto es un escándalo y una humillación

para el pueblo argentino que viaja como ganado."

Diario Crítica de la Argentina - 30 de abril de 2008

Elisa Carrió anunció que impugnará la obra, a la que considera un “símbolo de la corrupción kirchnerista”. Fernando Sánchez, diputado por al misma agrupación, calificó de “gigantesca estafa” al contrato de concesión y puso en dudas la transparencia de ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Elisa Carrió, líder de la Colación Cívica, anunció que impugnarán el contrato concesionario del tren bala al que considera un símbolo de la “corrupción kirchnerista”.

"Vamos a presentarnos ante el fiscal de Investigaciones Administrativas, el doctor Manuel Garrido, ante la Oficina Anticorrupción y, en última instancia, ante la Justicia Penal. Este proyecto es un escándalo y una humillación para el pueblo argentino que viaja como ganado", sostuvo la ex legisladora en una conferencia de prensa realizada esta tarde en el instituto Hannah Arendt.

Por su parte, el diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, aseguró que el proyecto de tren de alta velocidad es una inmensa obra de corrupción del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

"Si es una obra faraónica que está encarada a partir del ministro de Planificación Federal no me cabe la menor duda de que hay corrupción de por medio", aseveró.

Sánchez opinó que la inversión de 4 mil millones de dólares carece de sentido y de proyección estratégica y agregó que duda seriamente de que alguien pueda financiar la obra.

"Los que tenemos mucha suerte de haber podido viajar en esos trenes alguna vez en nuestras vidas en Europa podemos dar fe que son una maravilla de la tecnología, pero nuestro país está muy lejos de poder disfrutar de esos trenes cuando la mayor parte de la población es sometida a viajar en las condiciones en que viajan los trenes de la República Argentina actual", expresó.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, Adrián Pérez, indicó que en el proceso de concesión se cambió el sistema de financiación de la obra.

Según afirmó, la empresa ganadora Alstom Transport iba a recibir el respaldo financiero del Banco Societe Generale, pero luego esa entidad fue cambiada por el Banco Natixis, y los intereses pasaron del 5 por ciento al 12 por ciento, y el Estado Nacional firmó aceptando esas modificaciones.

Movimiento por La Paz y la No Violencia

Reiteró que volvería a ser candidata.
Aboga por la paz y la no violencia. Dijo que la Argentina "necesita sanarse".

Horacio Aizpeolea| Diario Clarín| Jueves 29 de Nov de 2007. "Voy a recorrer el país en ojotas, como a mí me gusta", dijo ayer Elisa Carrió, tras ratificar en conferencia de prensa, la decisión explicitada a principios de semana, de no apartarse de una próxima lucha electoral por la presidencia. Con remera y pantalones negros, y en ojotas, Carrió se mostró de muy buen humor: "Están todos verdes", les dijo a los periodistas, quienes habían elogiado su tono bronceado de piel.

En la fundación Hannah Arendt, la jefa de la Coalición Cívica presentó el "Movimiento por la paz y la no violencia, de mujeres, jóvenes y hombres". "Ya dije en 2002, que el principal problema que debería enfrentar la sociedad es la violencia; ahora lo estamos viendo en las calles, en los hogares. Los hechos de violencia que se ven, además, contienen crueldad", especificó.

Usando un lenguaje poco frecuente en la política, dijo: "La Argentina necesita sanarse", y puso como ejemplo el movimiento pa cifista que le permitió a Sudáfrica superar sus conflictos raciales.

Carrió aclaró que "nadie puede decir 'éste no'", en referencia a quiénes pueden integrarse al Movimiento por la paz. "Se trata de un movimiento social, en red, que no quiere discutir poder", agregó. Carrió procuró así distinguir esta iniciativa de la Coalición Cívica, organización con la que logró 4,5 millones de votos.

"Asumo la responsabilidad", respondió cuando se le preguntó por los dirigentes del llamado "ARI rebelde" que lograron una banca en la elección de octubre y ahora cuestionan la Coalición Cívica. "Aquí hubo ataques muy duros (contra Patricia Bullrich), que en realidad son dirigidos a mí; por eso yo no me corro y voy a proteger lo que construimos; si es necesario voy a volver a ser candidata", explicó.

Junto a Carrió estuvieron la gobernadora electa de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, el diputado nacional Fernando Sánchez (ARI) y Gerardo Conte Grand.

También estuvo Patricia Bullrich, que asumirá en diciembre como diputada nacional. Clarín le preguntó por la exhortación que ayer hizo Cristina Fernández a la oposición para "mejorar la calidad institucional". "Queremos hechos, no palabras", respondió Bullrich.

"¡Qué calor, no estoy acostumbrada!", dijo sofocada Fabiana Ríos. En breve charla con Clarín, comentó que sus equipos están dialogando con el gobierno nacional para conseguir un aporte de 150 millones de pesos que le permita equilibrar las cuentas en los primeros tres meses de gobierno. "Tenemos un buen diálogo", reconoció, respecto las charlas con la Casa Rosada.

"Les pido que por seis meses no me hagan más esa pregunta", dijo Carrió. El periodismo insistió sobre una posible reunión con la presidente electa. "Todo a su tiempo y armoniosamente", agregó Carrió, parafraseando a Juan Domingo Perón.

En defensa de la República

“El decreto invierte las reglas constitucionales de control de los poderes"

Las facultades de la Sigen. Fuente: Página12 Web. El decreto del Poder Ejecutivo que otorga a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el control financiero de los gastos del Congreso y el Poder Judicial tuvo cuestionamientos múltiples de legisladores y magistrados, algunas ya plasmadas en papel.

La diputada del ARI Marcela Rodríguez presentó un proyecto de ley para que la Cámara baja derogue la medida que, considera, viola el principio de división de poderes y altera el espíritu de la ley 24.156 de administración financiera en el sector público nacional. También presentará un amparo, algo que también anunció que hará el radicalismo. En el Consejo de la Magistratura –que maneja las cuentas de la Justicia– circularon críticas, sobre todo entre los consejeros-jueces, pero por ahora no promoverían ningún planteo formal.

El decreto fue firmado el 4 de octubre e incluye al Poder Judicial y al Legislativo bajo la órbita de la Sigen, equiparándolo con la administración pública, un ámbito del cual históricamente estuvieron diferenciados. El ministro Aníbal Fernández, frente a las objeciones, dijo ayer que “no hay una avance del Estado sobre otros poderes”. Se trata, dijo, de un decreto que viene a reglamentar una ley de 1992.

“El decreto invierte las reglas constitucionales de control de los poderes en los aspectos patrimoniales y financieros. Una de las principales funciones del Poder Judicial es controlar a otros poderes. La Constitución reconoce al Congreso su función de control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Con el decreto 1344, el Ejecutivo pasa a controlar los órganos que deben controlarlo”, señaló la diputada Rodríguez.

Rodríguez también envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, para que frente “a la relevancia de la cuestión” y teniendo en cuenta que el organismo “administra los recursos y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial”, plantee el tratamiento del tema en el plenario de consejeros de hoy.

En el Consejo, donde domina el oficialismo, es poco probable que el asunto se discuta abiertamente en el pleno de hoy. Algunos consejeros –aun los que cuestionan la medida presidencial– incluso plantean la conveniencia de esperar que se concrete alguna situación donde quede expresado el conflicto, para tomar entonces alguna iniciativa.

Desde otras fuerzas, expresaron su rechazo al decreto el titular del Comité Nacional de la UCR, el senador Gerardo Morales, y la diputada electa por la Coalición Cívica Patricia Bullrich. “Este es decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera y lo que hace es terminar con la independencia de poderes”, dijo Morales. Los radicales también harían una presentación judicial.

Viaje a Uruguay: Carta de Elisa Carrió

Restablecer la Hermandad

por Elisa Carrio*

La relación entre dos países hermanos como Argentina y Uruguay nunca debió haberse lesionado, sin embargo hoy estamos ante una realidad que tiene a nuestras naciones enfrentadas en un Tribunal Internacional, como resultado de una controversia que debió haberse solucionado por la vía del diálogo, teniendo siempre como objetivo la defensa de un medioa-mbiente sano para ambos países.

Volví una vez más a Montevideo para hablar de este y otros temas con los principales líderes del Uruguay. Con el primero que me entrevisté fue con el presidente Tabaré Vázquez. Con él mantuve una larga charla donde no incluimos los temas de coyuntura porque el Estado argentino –más allá de todas las diferencias que hemos marcado a lo largo de este tiempo- es el que debe llevar adelante las negociaciones.

Desde el momento en que el conflicto ingresó es un escala virulenta contra el Uruguay dedicamos nuestro esfuerzo al mantenimiento de esa hermandad, a intentar a que nada afecte nuestra historia común.

Hablamos con el Presidente sobre su reciente llamado al Nunca Más y de la vigencia de los derechos humanos con reconciliación, verdad y justicia y sanación de las heridas del pasado. Deseo que ese espíritu que vi en Sudáfrica un año atrás recorra nuestros países.

Le explicité a Tabaré que en el caso de la Coalición Cívica asuma la conducción de la Nación, lideraré un cambio en la política hacia el Uruguay: la creación de la unidad sudamericana comienza con el fortalecimiento de la hermandad con nuestros vecinos.

Quisimos escuchar a los líderes de la oposición y así fue que el equipo de asesores en relaciones mundiales, integrado entre otros por el embajador Miguel Ángel Espeche Gil y el escritos Fernando Iglesias, planearon una agenda que incluyó la visita al presidente del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga y al ex presidente Julio Sanguinetti, del Partido Colorado.
También recibimos la calidez de la Diputada Beatriz Aguimón con quien trabajamos en un Foro de Mujeres de la región e intercambiamos experiencias con la Bicameral Femenina del Congreso, un grupo de legisladoras que luchan par instalar una agenda de discusión que incluya una mirada de género.
Con todos coincidimos en que lo que cierra la posibilidad de negociación es la herida abierta entre dos pueblos que es necesario reconstituir de manera inmediata. Plena vigencia de los derechos humanos y las instituciones republicanas, diálogo nacional y democrático, justicia, distribución del ingreso y defensa del medio ambiente son los ejes sobre los cuales habrá de construirse la unión sudamericana.

*Candidata a presidenta por la Coalición Cívica.

El ARI denuncia a la Secretaría de Ambiente de la Nación

Los diputados nacionales de ARI, Adrián Pérez, Susana García y Elsa Quiroz presentaron hoy una denuncia penal contra la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude en el ejercicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejer- cicio de sus funciones.

Además, los legisladores de ARI pedirán que la funcionaria brinde las explicaciones correspon- dientes ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja .

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo y pide también pide que se investigue el accionar del hermano de la funcionaria y jefe de Gabinete de la Secretaría, Juan Picolotti. En tanto que el pedido de explicaciones fue presentado hoy en mesa de entradas del Congreso de la Nación.

Los diputados de ARI basaron su presentación en la información publicada el domingo por el diario Clarín, donde se menciona que Picolotti habría otorgado contratos por montos desmedidos a parientes suyos, ampliado innecesariamente la plantilla de personal a su cargo y realizado gastos superfluos en la remodelación de sus oficinas y en viajes oficiales.

Además, pidieron que la Justicia investigue la relación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Fundación ArgenINTA, a la que la funcionaria habría remitido unos 20 millones pesos, " que luego podía utilizar saltando algunos controles estatales, con sólo elevar una nota al Director Ejecutivo de la Fundación indicándole las facturas que debía pagar."

FORMULA DENUNCIA PENAL

Señor Juez Federal:

Adrián PÉREZ, Susana GARCIA, Elsa QUIROZ, por derecho propio, con domicilio en Riobamba 25, oficina 708 (Anexo de la H. Cámara de Diputados de la Nación), de esta Capital Federal, a V.Sa. nos presentamos y respetuosamente, decimos:

I.- OBJETO:

Que en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a interponer denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos contemplados en los artículos 174 inc. 5 (fraude en perjuicio de la administración pública), 260 y 261 (malversación de caudales públicos) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas) del Código Penal, y/o los que V.Sa. determine se cometieron mediante la respectiva investigación, por parte de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti; el Jefe de gabinete de la Secretaría, Juan Miguel Picolotti; y todo otro funcionario de la Secretaría y/o particular que haya participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio
del Estado Nacional.


Las circunstancias que vengo a denunciar han trascendido públicamente y cumplo con el deber de denunciarlas formalmente en mi carácter de diputado de la Nación, en orden a lo prescripto por el art. 177, inc. 2º, C.P.P.N..

II.- LOS HECHOS:

El 7 de julio de 2006, la abogada Romina Picolotti asumió la titularidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, luego de que dicho órgano fuera trasladado desde el Ministerio de Salud a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El presupuesto de la Secretaría se quintuplicó para su gestión, y sería del orden de los 166 millones de pesos.
El diario Clarín del domingo 8 de julio refleja una serie presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la Secretaria que merecen el análisis e investigación por parte de V.S
Según lo publicado por mencionado matutino ..Romina Picolotti y sus allegados participan de una serie de maniobras presupuestarias que les permiten derivar mucho dinero público para gastos personales, multiplicar contratos de trabajos irregulares y por montos desmedidos y hacer grandes compras sin muchos controles.....
Entre otras preocupantes informaciones, puede leerse en el artículo, que para evitar los controles previstos para las contrataciones por parte del Estado, la actual gestión recurrió a un convenio que la Secretaría había firmado en el año 2001 con la Fundación ArgenINTA .creada con fines específicos relacionados con el desarrollo de la agroindustria-, por el cual habría
remitido fondos públicos .20 millones de pesos, en lo que va del año- que luego podía utilizar saltando algunos controles estatales, con sólo elevar una nota al Director Ejecutivo de la Fundación indicándole las facturas que debía pagar.
Según tomara estado público, ....hasta la llegada de Picolotti a Ambiente, desde ArgenINTA se pagaban unos 20 contratos de profesionales.
Ahora, esta cifra se habría multiplicado por quince. Para estos y otros gastos, la Secretaría habría utilizado unos 5 millones de pesos depositados en la Fundación para su .fortalecimiento institucional. y para el trabajo del Consejo Federal de Medio Ambiente, y otros 4 millones destinados al Plan Nacional de Manejo del Fuego.....
Pero como al parecer, el ex Director Ejecutivo de la fundación -José Weber- y el titular del INTA, Carlos Cheppi, habrían hacho algún planteo o puesto algún límite, la actual titular de la Secretaría habría procurado la habilitación de dos nuevas vías: un convenio con el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) para financiar el plan del Riachuelo, por el que habría
derivado 26 millones de dólares; y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales, al que según el texto del Decreto 739/2007, enviará 20 millones de pesos para brindar apoyo científico y técnico a entidades públicas y privadas, y especialmente, a las distintas unidades dependientes de la Secretaría.
Pero si a esa información sumamos aquella que señala que habría elementos que permitirían acreditar que los fondos públicos depositados en ArgenINTA fueron utilizados para pagar gastos personales del Jefe de gabinete de la Secretaría, Juan Miguel Picolotti .hermano de la Secretaria-, entonces podríamos encontrarnos directamente ante una sustracción de esos fondos, en los términos del art. 261 del mismo Código.
Por otro lado, la investigación de Clarín, que dice tener como fuente ....a dos ex subsecretarios y tres altos funcionarios de la Secretaría de Ambiente, fuentes de los Ministerios de Economía y Salud, la Cancillería, la Jefatura de Gabinete y dos empresas particulares que prestaron servicios para Picolotti...., estaría dando cuenta irregulares contrataciones de .servicios profesionales..
En efecto, resultan llamativas la cantidad de contratos de locación de obra o de servicios que dice la investigación ha celebrado la Secretaría .350 sobre una planta de empleados de 422-; las estrechas relaciones (cantidad importante de contrataciones para familiares y y amigos) que existirían entre los .contratados. y la propia Secretaria; y sobre todo, los altos montos de las
retribuciones de los mismos, desfasados totalmente con las remuneraciones que se pagan actualmente en la Administración Pública en general.
Como puede leerse en la nota periodística, .Ninguno de ellos (sus allegados) cobra menos de 8.000 pesos. Según los datos recogidos, la Secretaría paga tres contratos de 12.000 pesos, unos 20 de 8.000, otros 30 de entre 6.000 y 7.000 pesos, y decenas de personas cobrarían entre 4.000 y 5.000 pesos. Un dato: en la Secretaría, un profesional de línea con diez años de antigüedad cobra 2.700 pesos..
En este sentido será necesario indagar también sobre los motivos del incremento sustancial del personal de la Secretaria, la relación de las remuneraciones y la función y la idoneidad de las personas contratadas para la prestación de servicios.
Asimismo, han tomado estado público el mal manejo de los generosos fondos que se estaría haciendo en la Secretaría, y los abultados costos que se manejan, así como los injustificados gastos en los que se habrían incurrido, por ejemplo, los viajes en Jets privados o la compra de bienes muebles por sumas exorbitantes.
Y no menos preocupante, resulta ser la situación del llamado Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo según refleja la misma investigación periodística Como podrá observar V.Sa., de las irregularidades publicadas por el diario Clarín, surge la posibilidad de que funcionarios estatales y particulares en connivencia, hubieran desplegado conductas ilícitas, incompatibles con una administración fiel de los recursos estatales, buscando su propio beneficio y/o el de varios terceros allegados.
Es por ello que considero existen motivos para que se inicie la pertinente investigación penal, a fin de descubrir la posible comisión de delitos penales e identificar, en su caso, a los responsables.

III.- CALIFICACION LEGAL:

Sin perjuicio del elevado criterio de V.Sa., considero que la información que ha tomado estado público, resulta suficiente para sospechar respecto de la posible existencia de delitos que podrían haber sido cometidos tanto por funcionarios públicos, como por particulares con relaciones familiares de amistad o profesionales con aquellos; que se encuentra tipificados en los artículos 174 inc. 5 (fraude en perjuicio de la administración pública), 260 y 261
(malversación de caudales públicos) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas) del Código Penal.

En tal sentido, es imprescindible la realización de una profunda investigación que determine en primer lugar quiénes fueron todas las personas involucradas en las distintas maniobras, para luego determinar con precisión la tipicidad de las conductas ilícitas cometidas.

IV.- PRUEBAS:

A.- Se acompaña como prueba documental nota titulada: .Los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente., de la edición del diario Clarín de fecha 08/07/2007 .tapa y páginas 32/34 del Suplemento .Zona.-. Asimismo, sin perjuicio de las medidas que V.Sa. o el Ministerio
Público estimen correspondan producir, sugiero las siguientes:

B.- Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas, quienes habrían tomado conocimiento directo de muchos de los hechos aquí denunciados:
2.- Al representante legal de la empresa Baires Fly, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto de todos los vuelos que hubiera contratado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la Fundación ArgenINTA, y brinde toda la información que supiera al respecto.
3.- Al representante legal de la empresa Sky Connections, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto de todos los vuelos que hubiera contratado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la Fundación ArgenINTA, y brinde toda la información que supiera al respecto.
4.- Al titular del inmueble sito en la calle Reconquista 555, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto del contrato de locación suscripto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y declare todo cuanto supiera respecto a dicha operación inmobiliaria y del actual estado de ocupación del inmueble.

C.-.- Se libren los siguientes oficios:
1.- Al Director Ejecutivo de la Fundación ArgenINTA, para que aporte el convenio celebrado en el año 2001 con la Secretaría de Ambiente, y todas las cartas-acuerdo y demás actuaciones correspondientes a los envíos de fondos por parte de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de todas las órdenes de pago emitidas por la misma.
2.- Al Director del Programa de la ONU para el Desarrollo, para que aporte el convenio celebrado con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para financiar el Plan del Riachuelo, y por el cual se le habría derivado fondos por 26.000 millones de dólares.

V.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.Sa. solicito:
1. Tenga por formulada la presente denuncia.
2. Me cite a ratificarla, ocasión en la que acompañaré la documentación ofrecida como prueba.
3. Se investiguen los hechos denunciados

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.

No a las torres, Sí al patrimonio histórico.

(Télam). Una jueza porteña ordenó frenar la demolición de un edificio histórico de Barrio Norte. Lo dispuso la magistrada Elena Liberatori, quien aceptó un recurso de amparo presentado por dos legisladores de la Ciudad. Horas antes, un grupo de vecinos se manifestó en rechazo de la destrucción del inmueble, ubicado en Callao 924, donde se proyecta construir una torre de 16 pisos.

Una jueza ordenó suspender la demolición de un edificio, ubicado en Barrio Norte, cuya preservación reclamó hoy una movilización de vecinos. Así lo informaron fuentes de la Legislatura porteña.Voceros de los diputados porteños Teresa de Anchorena y Facundo Di Filippo precisaron que la jueza Elena Liberatori "ordenó preventivamente suspender la demolición del inmueble de la avenida Callao 924", al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por los legisladores. "La medida de la titular del juzgado 4 de los tribunales porteños se conoció esta tarde, pocas horas después de una movilización callejera organizada por varias asociaciones vecinales frente al edificio que se pretende tirar abajo para construir una torre de 16 pisos", añade el texto.

Durante el mediodía, unos 50 vecinos se manifestaron en la avenida Callao, frente a la Plaza Rodríguez Peña, bajo la consigna "No te quedes sentado mientras destruyen el patrimonio de nuestro barrio y de la ciudad".A las 17, un oficial del juzgado notificó de la resolución de Liberatori a la empresa encargada de la demolición, en respuesta al pedido de De Anchorena, presidenta de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, y Di Filippo, titular de la Comisión de Derechos Humanos. Los dos diputados habían participado de la movilización del mediodía, convocada por las asociaciones Vecinal Recoleta, El Fantasma de Recoleta y Vecinos Plaza Vicente López, la organización Accionar Vecinos y la Fundación Ciudad.