Propuestas: Ejes Reforma y Servicio de Justicia

Justicia en la república de iguales

Una justicia independiente e idónea

La actualidad nos presenta un Poder Judicial con serias deficiencias motivadas en la falta de políticas judiciales coherentes, bajo índice de resolución de conflictos, congestionamiento de los juzgados, lentitud en la resolución de las causas, bajo compromiso con los sectores socialmente más castigados, entre tantas otras falencias. A este panorama, se suma la amenaza que significa para la independencia judicial, la reciente reforma a la ley del Consejo de la Magistratura. En este contexto, se deben alentar diferentes medidas para asegurar una justicia independiente, imparcial e idónea.

Para una justicia accesible a toda la ciudadanía

1. Implementar un sistema que asegure el derecho de todas las personas a contar con un/a abogado/a en forma gratuita, con consultorios gratuitos en los barrios y pueblos, convenios con los colegios de abogados, grandes estudios y facultades de derecho, entre otros.
2. Crear instancias que otorguen la posibilidad de acceder a la justicia a las personas con menos recursos, como la creación de tribunales vecinales, de menor cuantía o multipuertas, casas de justicia, etcétera.
3. Implementar la Justicia Rural.
4. Introducir modificaciones legislativas para que no se impongan a las personas de menores recursos los costos económicos de los juicios (honorarios de abogados, tasas, costas) y asegurar su derecho de acceso a la justicia.
5. Garantizar a las víctimas de los delitos la posibilidad real de participar en los procesos penales a través de la creación de una Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
6. Poner en marcha programas destinados a la ciudadanía para que conozcan sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.
7. Sancionar un Código Procesal Constitucional.
8. Reformar integralmente el Código Procesal Penal de la Nación, a fin de remover las bases obsoletas e ineficientes de la Justicia Federal penal.

Para un Poder Judicial independiente y eficiente

1. Modificar el mecanismo de designación de los Ministros de la Corte Suprema para permitir que la ciudadanía proponga al Poder Ejecutivo candidatos/as; mejorar el sistema de publicación de antecedentes en las provincias y organizaciones sociales; y establecer la obligación de fundar las decisiones contrarias a las objeciones de los/as ciudadanos/as.
2. Ampliar el mecanismo de participación ciudadana ante el Senado de la Nación, en el tratamiento de los acuerdos a los/as candidatos/as enviados por el Poder Ejecutivo.
3. Restringir la competencia ordinaria de la Corte Suprema y delimitar el alcance de la competencia extraordinaria, a fin de que se ocupe de los casos relevantes para la democracia y los derechos humanos.

4. Derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 557/05, de forma tal que la Corte Suprema se avoque enteramente a su función jurisdiccional, y de devolver al Consejo de la Magistratura las atribuciones de administración que por mandato constitucional le corresponden.
5. Procurar la implementación de normas y mecanismos que aseguren el conocimiento de la ciudadanía de la agenda de trabajo de la Corte y su participación en casos de interés público.
6. Reorganizar la Justicia Federal.
7. Traspasar la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8. Efectivizar el pago del impuesto a las ganancias de todos los magistrados y la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes.
9. Sancionar Códigos de Ética en el ejercicio de la función judicial.
10. Redistribuir la competencia y crear nuevos fueros en distintas materias.
11. Implementar un sistema de ingreso y ascenso al Poder Judicial abierto mediante concurso para garantizar su transparencia e idoneidad.

Para democratizar el funcionamiento de otros organismos vinculados al servicio de justicia

1. Reformar la Ley del Consejo de la Magistratura y volver a una composición que respete la noción de equilibrio establecida en la Constitución Nacional, de manera de evitar el predominio del partido de gobierno, garantizar la independencia judicial y la representación de las minorías parlamentarias.
2. Implementar herramientas que obliguen a dar una amplia publicidad de los actos del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento y prever mecanismos que faciliten el control ciudadano de sus actividades, con el fin de vigilar la comisión de maniobras espurias.
3. Crear un Registro de causas penales prescriptas, con especial atención al relevamiento de datos de la justicia federal, que permita conocer la cantidad de causas que son archivadas y las razones que motivan dichas resoluciones.
4. Reformular el sistema de designación de jueces/zas, para limitar la discrecionalidad de los poderes políticos en este proceso e incluir la participación y control de la ciudadanía desde su inicio.
5. Promover la igualdad de género en el acceso a los cargos de los tribunales.
6. Fijar un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe los acuerdos de los/as candidatos/as al Senado para su designación.
7. Proponer un régimen de declaraciones juradas de fácil acceso al público, a fin de garantizar la transparencia en relación con la evolución patrimonial de los/as jueces/zas y funcionarios/as del servicio de justicia.
8. Reformular la composición del Jurado de Enjuiciamiento, de modo que sea conformado por sorteo cuando le sean remitidas las acusaciones.
9. Modificar el sistema de designación del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación, y de los/as demás funcionarios/as de dichos cuerpos, a fin de dotarlo de mayor transparencia, que se priorice el mérito e idoneidad y que se amplíe la participación ciudadana.
10. Reformular el Ministerio Público Fiscal, para dotarlo de mayor eficiencia en su tarea de investigar los delitos y combatir la impunidad estructural, en especial la de los sectores más poderosos y vinculados a la corrupción.
11. Modificar la Defensoría del Pueblo, a fin de mejorar y potenciar su trabajo y que asuma mayor protagonismo en el control de la Administración Pública y en la defensa de los derechos humanos.